Los significativos aumentos aplicados recientemente a la tarifa del gas provocaron el rechazo prácticamente unánime de la comunidad.

Por tal razón, el concejal Laserna, acompañado por sus pares de bancada, solicitó mediante un proyecto de resolución que se convoque a “una jornada de trabajo a fines de tratar la situación de los consumidores y usuarios frente al aumento de tarifas establecido por el Decreto 2067/08”.

Además, reclamó que se invite a participar a “todos los sectores interesados en la cuestión y, especialmente, a las Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios, a los responsables de la Oficina de Municipal de Defensa del Consumidor y también de la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon”.

“Es de suma importancia que el Concejo Deliberante se interiorice y expida en cuestiones que, si bien dada la esfera de su competencia no puede regular, afectan a un gran número de miembros de la comunidad, propendiendo de esa manera a la plena defensa de sus derechos” - explicó Laserna.

En este sentido, el concejal recordó que el Artículo 42 de la Constitución Nacional, en sus párrafos primero y segundo, expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

“Asimismo –subrayó- la defensa de los derechos económicos de los usuarios de los servicios públicos es una forma más de acercarse al objetivo de una ciudad más justa e igualitaria”.

Por otra parte, Laserna destacó que “la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon respondió al aumento anunciando que accionará ante la Justicia Federal -en nombre de todos los usuarios del gas de Mar del Plata y Batán-, oponiéndose a la aplicación del decreto 2.067, porque tal medida genera incrementos de hasta el 300 por ciento en las facturas”.

Y completó: “además, la Justicia Federal marplatense también dijo lo suyo cuando, ante una acción individual, dictó una medida cautelar por la cual el titular del Juzgado Federal Nº 2, Eduardo Giménez, intimó a la empresa prestadora del servicio a que se abstenga de facturar a la usuaria los cargos estipulados en la refacturación correspondientes al decreto de marras”.