El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, bajo la dirección del juez Simón Issach, otorgó lugar a una acción preventiva de daño interpuesta por organismos de derechos humanos para evitar la instalación de un bar y una destilería de gin en un predio contiguo al ex Centro Clandestino de Detención ESIM.

Asimismo, ordenó que la causa sea tramitada bajo un proceso sumarísimo, acelerando significativamente los tiempos judiciales. De este modo, el gobierno municipal tiene un plazo de cinco días hábiles para responder a la demanda

La resolución llega cuando en la sesión de este jueves el oficialismo buscará aprobar el polémico expediente.

El conflicto se origina en la preocupación de los organismos de derechos humanos y ex detenidos desaparecidos, quienes advierten que la instalación de un espacio comercial y recreativo en un sitio de memoria representa una afrenta al derecho a la memoria y a los valores de verdad y justicia que dicho lugar simboliza. Entre las irregularidades denunciadas se incluyen la falta de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y la afectación del patrimonio histórico de la ciudad, lo que podría acarrear consecuencias legales para la Municipalidad.

También, se cuestiona el uso de una Asociación Vecinal como intermediaria para ceder el predio a una empresa privada dedicada a la producción de bebidas alcohólicas, lo que, según los demandantes, contraviene las normativas vigentes y desvirtúa la finalidad del espacio.