Al filo de los 10 días reglamentarios, finalmente el presidente Javier Milei firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso. El mandatario argumentó que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno y pondría el superávit y el plan económico en riesgo.

La rúbrica llegó el viernes por la noche, luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja. Junto a los funcionarios, definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.

Los detalles del decreto

En este sentido, el decreto advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. También, enfatiza que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”.

Los motivos del rechazo a la medida

El Gobierno se respalda en el equilibrio de las cuentas fiscales en los considerandos del decreto que veta la ley sobre jubilaciones que había sancionado el Senado la semana pasada, “es una irresponsabilidad fiscal que no podemos avalar. Presentamos modificaciones para que el proyecto salga, pero no hubo una recepción positiva”, manifestó un alto colaborador.

Los cambios al proyecto los trabajaron el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quisieron impulsar modificaciones en los artículos 2, 4 y 10 de la ley.

Se trata del aumento adicional al sistema previsional representado en el anual del 50% de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Incluye además la garantía de un haber previsional mínimo que no sea inferior al último valor de la canasta básica por adulto que fija el INDEC multiplicado por 1,09.

La Casa Rosada se opuso con duras críticas al artículo 10, que establece la cancelación de deudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con las provincias a través de recursos tributarios con asignación específica a la seguridad social.