La Justicia federal recibió una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras el veto a la ley de jubilaciones aprobada por el Congreso y el recorte de cobertura al 100% en más de 44 medicamentos para beneficiarios de la obra social.

La presentación judicial fue realizada ante la Cámara Federal por la abogada Valeria Carreras, en su carácter de ciudadana, por la posible comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de la calificación legal” que pudiera corresponder.

El presidente Javier Milei vetó totalmente el aumento de las jubilaciones. El decreto, que firmó el viernes por la noche, se publicó en el Boletín Oficial y así la decisión se hizo efectiva. La abogada denunciante remarcó que en los últimos 10 días se han sucedido una serie de hechos desde el Poder Ejecutivo contra los beneficiarios de la seguridad social, jubilados y pensionados.

“Me refiero tanto al veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación (con voto favorables de todos los espacios políticos exceptuando el oficialismo LLA), como al recorte de cobertura al 100% en más de 44 medicamentos para beneficiarios del PAMI”, advirtió la abogada en su denuncia.

“Ambas medidas configuran un ataque a la población más vulnerable, la que viene más golpeada históricamente, por sus magros ingresos. En esta ocasión el perjuicio es mucho más peligroso que una fórmula matemática dentro del presupuesto nacional, porque en esta ocasión se vulnera el derecho a la salud de nuestros mayores y acarrea un aumento del riesgo de vida de cada uno de ellos”, calificó.

La abogada denuncia “no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor”.

El recorte a cobertura de medicación

Para Carreras, la medida del gobierno relacionada con la quita de cobertura al 100% de medicamentos para afiliados a PAMI “constituye delito y debe ser investigada”. Ello se materializó a través de la Resolución 2431/2024, “siendo el responsable el actual Director del INSSJP y el Poder Ejecutivo, de quien depende”.

A través de dicha Resolución, los jubilados y pensionados y afiliados a PAMI, un total de 5.298.143 personas, quedarán privadas del acceso a sus medicamentos por patologías crónicas, remarca la abogada.

También el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un recorte en la cobertura del 33% de los medicamentos que anteriormente gozaban de un 100% de subsidio, dice la presentación.

Carreras transcribió el detalle de medicaciones a las que “los abuelos no tendrán acceso, y, por ende, sus enfermedades quedarán sin tratamiento, con la consecuencia que a esa edad implica, la muerte”.

La abogada pidió la intervención de la UFI PAMI (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral)

“Estamos frente al maltrato en la vejez perpetrado desde el Estado, estamos ante un flagelo que no es nuevo, pero que por momentos y en estas condiciones que hoy denuncio, se tornan insoportables Porque están metiéndose con el acceso a la alimentación y el acceso a la medicación, ambos extremos atentan contra derechos fundamentales como el derecho a la vida ni más ni menos, como el derecho a la salud, y como el derecho a la dignidad”, consigna la denuncia.