El Gobierno anunció este martes el cierre definitivo de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que implica el despido de casi 1.400 empleados, en un nuevo episodio de ajuste en el transporte público por parte de Javier Milei.

“El Gobierno Nacional dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal, y no tenía funciones que justifiquen su existencia”, reveló la Secretaría de Transporte en un comunicado.

La dependencia que dirige Franco Mogetta precisó que “la medida constituye un ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales”.

"Durante la gestión de Alberto Fernández, DECAHF demandó al Tesoro Nacional 180 millones de dólares, en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida”, argumentó Mogetta en declaraciones a la prensa que brindó en el marco de la conferencia habitual del vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

El Secretario de Transporte agregó que “a través de esta empresa se dedicaba a hacer obra pública cuyas funciones no estaban en los estatutos y que tenían que ver con poner en valor obras de artes en algunas estaciones de trenes, que tampoco operaban trenes, y tenían que ver con amigos de la política con algún intendente afín”.

El cierre del Instituto Argentino del Transporte

A su vez, el Gobierno eliminó hoy el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de diseñar una planificación estratégica del transporte nacional a mediano y largo plazo. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución Nº 35/2024.

En su comunicado, la Secretaría de Transporte argumentó que el Instituto “nunca funcionó ni emitió una decisión o acción” y que la medida “está en línea con la reducción del Estado y la eficientización de los recursos planteada por el Presidente Javier Milei para reducir el gasto público y mantener la meta del equilibrio fiscal”.

El decreto justifica la disolución del IAT en un contexto de optimización de los recursos públicos. Según el documento, la existencia del Instituto no se consideraba necesaria, ya que sus tareas podían ser asumidas por otras dependencias que ya estaban operando en el ámbito del transporte. Esta medida se alinea con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público, eliminando entidades cuya contribución al interés general se considera marginal.

El Decreto 870/2024, que disolvió el organismo, establece que la totalidad de los recursos materiales y financieros del IAT serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba el Instituto. De esta forma, el Gobierno busca evitar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia administrativa dentro del sector del transporte.