El proyecto que declara la situación de “emergencia” en materia de discapacidad hasta fines de 2027 obtuvo dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de comisiones de Diputados. La iniciativa del bloque de Unión por la Patria, que obtuvo 59 votos positivos, busca forzar al Gobierno a incrementar los fondos destinados a los prestadores de servicios de salud, educación y transporte que utilizan las personas con discapacidad en todo el país; y también se propone revertir el recorte en marcha sobre las pensiones por invalidez laboral, que afectaría al menos a un tercio del total de beneficiarios. La idea de la oposición es incluirlo entre los temas a debatir dentro de una próxima sesión especial, aún sin fecha.

El proyecto fue respaldado con una marcha frente al Congreso protagonizada por familias y organizaciones civiles vinculadas a distintas discapacidades y también por trabajadores de centros de día, educadores, acompañantes terapéuticos y transportistas. “¡Emergencia en Discapacidad YA! ¡Que sea ley!”, fue una de las consignas de la movilización.

“La situación del colectivo ya era crítica desde hace varios años, pero se ha profundizado a niveles impensados”, dijo el diputado Daniel Arroyo al presentar el dictamen. “Una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes. No por día, sino por mes. Y ese monto no se actualiza desde febrero de 2023”, graficó Arroyo para después concluir que “está claro que estamos ante una emergencia evidente”.

El proyecto propone actualizar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad. De ese nomenclador, que pagan las obras sociales, las prepagas y el propio Estado, depende la subsistencia de centros de día, talleres protegidos, escuelas especiales y centros de rehabilitación en todo el país, y también los salarios de sus trabajadores y profesionales. Como describió Arroyo, ese valor está congelado desde hace un año y tres meses.

La iniciativa también contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, que el Gobierno atacó por dos blancos: restringió el acceso de los nuevos beneficiarios -ya no es compatible con un trabajo formal- y puso en marcha una auditoría con la que pretende justificar un recorte de por lo menos 400 mil pensiones ya otorgadas -un tercio del total-.

El dictamen “es el resultado de un trabajo conjunto para acompañar a las personas con discapacidad, que se encuentran en una situación muy crítica producto del maltrato institucional y económico que genera este Gobierno”, dijo Arroyo. A la par del dictamen de mayoría de Unión por la Patria, hubo otros tres en minoría, uno del PRO, otro de la UCR y un tercero presentado por la diputada Carla Carrizo.

Según la letra chica del texto, los fondos necesarios para poner en marcha esas iniciativas saldrán de la reasignación de recursos de que dispone la Jefatura de Gabinete. Para el Gobierno, el proyecto “generará un déficit extra de 250 millones de dólares por mes”, según confiaron a Página 12 fuentes del Ministerio de Salud.

El dictamen produjo el enojo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular es Diego Spagnuolo, el funcionario que firmó la resolución que contenía insultos como “idiota” y “retardados” para referirse al colectivo. En un comunicado colgado en las redes oficiales tras el plenario, Spagnuolo expresó su “enérgico rechazo” al proyecto. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.

Habrá que ver qué muñeca tiene el oficialismo para evitar que el proyecto sea aprobado por ambas cámaras y evitar un veto, tal como ya sucedió el año pasado con iniciativas opositoras como el financiamiento educativo y la reforma previsional.