El presidente Javier Milei se dispondrá a agilizar la firma de una serie de decretos que vencerán el próximo 8 de julio. Estas medidas, que incluirán recortes, cierres de organismos y reformas estructurales, serán consideradas fundamentales por el Gobierno antes del recambio legislativo.

En la Casa Rosada, las expectativas políticas se centrarán en el calendario, ya que restarán menos de cuatro semanas para que expiren las facultades delegadas que otorga la Ley Bases. El Poder Ejecutivo requerirá la rúbrica presidencial para concretar una batería de decretos antes de la fecha límite.

Fuentes oficiales confirmaron que, al menos, trece decretos ya se encontrarán redactados y listos para su promulgación. Estas normativas abordarán la reducción del gasto público, el cierre de diversos organismos estatales y una profunda centralización de las funciones gubernamentales. La urgencia en su implementación responderá a la inminente finalización de las atribuciones extraordinarias que el presidente obtuvo con la sanción de la Ley Bases en 2024, las cuales le permitirán sortear el proceso legislativo en ciertas áreas.

Entre las medidas más destacadas, publica Infobae, se encontrará la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta reforma podría implicar despidos de personal, la venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza. Asimismo, otros organismos bajo revisión serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se encontrará en la mira el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no será reglamentada, pese a que su anuncio se realizó meses atrás.

Las carteras ministeriales con el mayor volumen de reformas pendientes serán Salud, Capital Humano y Economía. Sin embargo, funcionarios del Gobierno reconocerán que cada decreto atravesará un extenso proceso de revisión legal, lo que complejizará su implementación dentro de los acotados plazos establecidos. Adicionalmente, desde el área de comunicación libertaria se señalará la posibilidad de que los anuncios se posterguen debido al feriado y a una eventual detención de Cristina Kirchner, lo que podría alterar la agenda mediática.

Las reformas planificadas también apuntarán a la reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos descendió de 322.000 a 292.000. Paralelamente, se mantendrá congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas continuarán reclamando actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.

La incógnita principal residirá en el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, una vez que venzan las facultades delegadas. Si bien podría mantener funciones consultivas, su capacidad real para impulsar cambios se verá considerablemente reducida.