En el marco de la situación económica actual y con el objetivo de proteger el bolsillo de los usuarios, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspender por 90 días la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 163/2025, firmada por el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y publicada este jueves en el Boletín Oficial del distrito.

La medida surge del Acta Acuerdo firmada el 31 de marzo entre la Dirección Provincial de la VTV y los representantes de las empresas concesionarias del servicio, nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). En el documento, ambas partes coincidieron en que era necesario postergar transitoriamente la aplicación del aumento tarifario previsto para el semestre que comenzaba el 5 de abril, a fin de evitar un “impacto negativo” en los usuarios, “ante la situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular la provincia”.

Qué se suspende

La Resolución 220/2024, ahora suspendida, había establecido un esquema de actualización escalonada de la tarifa plena en tres etapas, en función del acuerdo paritario alcanzado en julio de 2024 entre las concesionarias y el sindicato SMATA. Esa resolución había fijado una tarifa básica de $ 63.463,30 (IVA incluido) para vehículos de hasta 2.500 kg a partir de diciembre de 2024, como valor final tras los aumentos aplicados entre septiembre y diciembre.

Para 2025, las concesionarias habían solicitado una nueva actualización de la tarifa básica —calculada como el 7% del salario básico del operario “categoría 1” según el convenio colectivo vigente—. Sin embargo, acordaron con la Provincia no aplicarla aún, con la intención de mantener cierta estabilidad tarifaria frente a la situación social y económica.

Intervención y respaldo legal

La suspensión fue avalada por los organismos de control y asesoramiento correspondientes, incluyendo la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia, que intervinieron en el expediente. Incluso se adjuntó la renuncia expresa de las concesionarias al aumento tarifario por el período indicado, como sugirió la Asesoría.

El Ministerio de Transporte actuó en uso de sus facultades otorgadas por la Ley N° 15.477 y el Decreto 2.103/22, que regulan el funcionamiento del sistema de verificación vehicular en el territorio bonaerense, así como el régimen de tarifas, condiciones de concesión y actualización