El veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones del 7 de marzo generó una inesperada reacción dentro de su propio espacio político. Carlos Alonso, concejal y jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, criticó abiertamente la medida presidencial, la calificó como “inconsulta” y advirtió sobre las consecuencias que puede tener para los vecinos de la ciudad.

La ley vetada, la N.º 27.790, había sido sancionada con el objetivo de canalizar asistencia del Estado nacional hacia Bahía Blanca, donde el temporal provocó serios daños materiales y comprometió infraestructuras clave. Uno de los puntos críticos, según el edil libertario, es la situación del canal Maldonado, encargado del drenaje del 70% del agua pluvial de la ciudad.

“La decisión se tomó desde Buenos Aires sin haber venido a ver lo que realmente está pasando”, expresó Alonso en declaraciones a Splendid AM 990, y agregó: “Ni siquiera nos consultaron a nosotros, que somos representantes del propio espacio”. La falta de diálogo con las autoridades locales generó un profundo malestar en el dirigente, que además es uno de los fundadores del partido en el distrito.

Según Alonso, el deterioro del canal pone en riesgo a cientos de viviendas: “Si llueve fuerte de nuevo, hay casas que podrían colapsar”. En ese marco, pidió que el gobierno nacional reconsidere su posición y evaluó que la emergencia requiere una mirada humanitaria antes que fiscalista. “Soy liberal desde la primera hora. Pero esto no es una crítica a la gestión, es una advertencia necesaria sobre una emergencia real”, remarcó.

Las críticas internas, sin embargo, no salieron gratis. El concejal denunció que recibió amenazas y presiones para dejar su banca y abandonar el espacio político. “Me han pedido que me vaya del espacio, simplemente por pedir ayuda para mi ciudad. Esto contradice el espíritu de libertad que promovemos”, denunció.

Pese a las presiones, Alonso reafirmó su compromiso como representante electo por los vecinos. “Tengo un deber con los ciudadanos, no voy a actuar con obsecuencia”, dijo, al tiempo que hizo un llamado directo al presidente Milei: “Espero que recapacite cuando conozca verdaderamente la situación de Bahía Blanca. No pedimos limosna, pedimos que se devuelva parte de lo que la ciudad aporta con sus impuestos”.

Las declaraciones de Alonso dejan al descubierto las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, especialmente cuando se cruzan el ideario libertario con las necesidades concretas de la población. En este caso, el pedido de asistencia estatal choca de frente con una visión centralizada del ajuste, que no distingue entre emergencias humanitarias y gastos prescindibles.

Bahía Blanca, una ciudad con más de 300.000 habitantes y fuerte peso en la producción y logística del sur bonaerense, aún enfrenta secuelas del temporal, que dejó anegamientos, pérdidas habitacionales y estructuras dañadas. Sin la ley de emergencia nacional, la asistencia quedará limitada a recursos municipales y provinciales.

La controversia también expone el dilema de muchos dirigentes territoriales del oficialismo: ¿cómo defender la política nacional sin desoír las demandas urgentes del electorado local? La respuesta de Alonso, aunque disruptiva dentro de su espacio, busca conciliar convicciones ideológicas con responsabilidad institucional. “No se trata de romper nada —sugiere el trasfondo de sus dichos—, sino de alertar sobre lo que está mal, incluso dentro de casa”.