Representados por las organizaciones civiles Mirada Ciudadana y Surfrider, con el patrocinio de la abogada Soledad Arenaza, los vecinos que se oponen a la construcción de un edificio de 35 pisos y 130 metros de altura en el barrio Stella Maris respondieron judicialmente al traslado de la apelación presentada por la Municipalidad contra las medidas cautelares tomadas en primera instancia por el Juez Isacch, en base a varios de los argumentos de los actores.
La apelación fue elevada este lunes a la Cámara Contencioso Administrativa integrada por los jueces Mora, Ucin y Riccitelli.
Vale mencionar que la apelación de la Municipalidad fue acompañada por la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A.
En su apelación, la Municipalidad ataca la decisión del juez Isacch cuando dice que una Ordenanza Municipal no puede otorgar indicadores urbanos especiales en base a planos de croquis preliminares.
Los vecinos afirman que los indicadores autorizados son secretos, ya que remiten a un plano de croquis preliminar que forma parte de un expediente administrativo que no es de acceso público, lo que constituye una palmaria violación al principio de publicidad de las normas y de trasparencia de los actos de gobierno, así como un obstáculo al acceso a la información y participación ciudadana en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente.
Preservación patrimonial
La Municipalidad y Fiduficiaria Paisajes Urbanos S.A. aducen asimismo que la Ordenanza 10075 habilita a conceder indicadores urbanos especiales cuando se trata de bienes declarados de preservación patrimonial. A tal argumento se le ha respondido que los demandados no hicieron nunca ni una mínima referencia a la categoría patrimonial y al grado de protección del chalet María Frers de Mahn, existente en las parcelas afectadas.
Sostiene la respuesta de las organizaciones a la apelación de la Municipalidad que “el artículo 11 del Código de Preservación Patrimonial no otorga una carta en blanco para autorizar cualquier indicador a cambio de la conservación de un bien patrimonial. A su vez, ponen de manifiesto como la Municipalidad y la Fiduficiaria Paisajes Urbanos S.A. omiten la mención a que demolerán un chalet con valores patrimoniales, diseñado por el arquitecto Alberto Rodríguez Etcheto en 1937.
En su apelación, la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., presidida por Florencia Miconi, refiere al antecedente de la torre Unkanny Residences, de 70 metros de altura, construida por la empresa IMASA -cuya directora ejecutiva es también Florencia Miconi en Leandro N. Alem y Patricio Peralta Ramos.
“La proximidad de esta torre de 70 metros de altura, a la manzana en la que se quiere construir la torre de 35 pisos, confirman la brutal alteración de los parámetros urbanísticos y edilicios generales para la zona. Ese despropósito sería posible si se aprueba la autorización de construirla”, afirma la respuesta a la apelación.
Una comisión inexistente
El artículo 20 del Código de Preservación Patrimonial establece la obligación de que la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial tome intervención previa a la autorización de indicadores especiales. Vale mencionar que tal Comisión no ha sido integrada y un petitorio con más de 800 firmas se le ha hecho llegar al intendente municipal para que se formalice tal Comisión.
Asimismo, se hace específica mención a que la especialista ambiental a cargo de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental presentado por la Fiduciaria Paisajes Urbanos S.A. es la arquitecta María Lidia Luján Muller, quien ha sido responsable de prácticamente todos los estudios de impacto ambiental pertenecientes a las excepciones más relevantes de los últimos años.
“Este dato cobra relevancia en tanto la mencionada arquitecta es la pareja de Jorge Luis González, secretario de Planeamiento de la Municipalidad de general Pueyrredon, organismo que tiene a su cargo la evaluación de las intervenciones edilicias sometidas a evaluación de impacto ambiental, no habiéndose excusado de intervenir en el proceso de solicitud de indicadores especiales que favorecen a LA FIDUCIARIA PAISAJES URBANOS MDP S.A y que indirectamente inciden en su patrimonio personal, a través de los honorarios percibidos por María Lidia Luján Muller por su intervención profesional en el proceso de aprobación del proyecto”, concluyeron los vecinos.
