“Estamos frente a una metodología del municipio que no garantiza derechos, sino que ejerce violencia. Las personas en situación de calle no sólo son abandonadas por el Estado, sino también perseguidas, golpeadas, humilladas, y despojadas de sus pocas pertenencias”, sostuvo Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el marco de una conferencia de prensa en la que se analizó el reciente fallo del Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, a cargo del juez Juan Tapia, que ordenó al municipio cesar prácticas de hostigamiento y violencia contra personas en situación de calle.

Según explicó Pomares, el fallo judicial da lugar a un habeas corpus colectivo impulsado por la Comisión y acompañado por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Mar del Plata, que recogieron numerosos testimonios sobre el accionar de la patrulla municipal.

Asimismo, denunció la existencia de operativos realizados por agentes encapuchados, con vehículos sin identificación, durante la noche, que actuaban de forma clandestina contra personas que dormían en la vía pública.

La Comisión alertó que esta política de violencia tuvo consecuencias fatales. En los últimos días, una persona en situación de calle falleció durante una ola de frío extremo. Para la CPM, ese hecho debe leerse como un resultado directo de la falta de protección estatal y del hostigamiento sistemático que se viene denunciando desde principios de año.

En el centro de la crítica estuvo el Intendente de General Pueyrredon, a quien la Comisión acusa de haber legitimado públicamente el accionar ilegal de la patrulla municipal. “Lejos de denunciar estos hechos, Montenegro los convalidó y realizó declaraciones extremadamente violentas y discriminatorias. Habló de ‘fisuras’, de ‘delincuentes’. Eso es apología del odio y una falta grave a sus deberes como funcionario público”, señaló Pomares.

Ante esta situación, la CPM, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia penal contra el jefe comunal y funcionarios del área de Seguridad. La acusación incluye los delitos de apología del delito, apología del odio y discriminación, e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pomares advirtió que “la situación cambió: ahora hay una orden judicial. Cualquier nuevo hecho de violencia no será solo una decisión política o administrativa, sino un incumplimiento de una resolución judicial” y agregó que la CPM “seguirá monitoreando la situación y acompañando a las personas afectadas”.

Por último, desde la Comisión también hicieron un llamado a la sociedad marplatense para exigir políticas públicas que respeten los derechos humanos y repudien la criminalización de la pobreza. “La persecución y el desprecio por quienes viven en la calle no pueden ser parte de ninguna política estatal. Este fallo es una oportunidad para frenar esa lógica y construir una respuesta basada en la dignidad y el respeto”, concluyó el vocero de la CPM.