El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió suspender este miércoles y envió a juicio político al juez federal de Mar del Plata, Martín Poderti, acusado por mal desempeño de sus funciones tras haber sustraído 144 monedas de oro que estaban secuestradas en una causa judicial cuando se desempeñaba como secretario en la Justicia Federal de San Martín.

La decisión se adoptó por unanimidad en el plenario del organismo presidido por el ministro Horacio Rosatti, con la excusación del juez Alberto Lugones, y dio lugar a la apertura del procedimiento de remoción.

“Este Consejo -sostuvo el dictamen del Consejo- asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”.

Antes de llegar al plenario, el caso había sido analizado en la Comisión de Acusación. En su reunión del 6 de agosto, celebrada bajo la presidencia del senador Luis Juez y con la asistencia del secretario Andrés García, participaron los consejeros Álvaro González, César Grau, Alberto Maques, Rodolfo Tailhade y María Vázquez. En esa instancia, la comisión aprobó la propuesta que formulaba la suspensión inmediata de Poderti y la apertura del procedimiento de remoción. La denuncia tramitó bajo el expediente 103/2024, caratulado “Juzg. Fed. N° 1 de San Martín s/ comunica sit. proc. Dr. Poderti Martín L. (Juez TOCF) c. 9538/24”, y reunió las conclusiones de la pesquisa sobre los hechos atribuidos al magistrado

Durante el debate del plenario, Juez fue particularmente crítico de los fundamentos que esgrimió el magistrado a la hora de exponer su versión. “El doctor Poderti argumentó que si había alguna inconducta tipificada en un hecho delictivo, lo había hecho como secretario. Con todo respeto, en 40 años de profesión, he participado de muchas defensas penales pero la de Poderti me pareció horrible. No podía creer que se defendiera de la prueba de manera tan poco racional”, expresó. Y agregó con ironía: “No sé como dirían en Roma, pero en Córdoba decimos está complicado… Que se defienda como pueda”.

De acuerdo con la investigación, entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, cuando era secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, Poderti ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco Nación, donde se hallaban depositadas las monedas de oro incautadas en una causa judicial. Aunque tenía el deber de resguardarlas, el entonces secretario se apropió de ellas en forma reiterada, incluso cuando estaba de licencia, y sin respaldo en el expediente donde habían sido secuestradas.

La maniobra fue detectada recién el 9 de abril de 2024, cuando debía realizarse la entrega de los valores depositados y se constató el faltante. En su dictamen, el Consejo advirtió: “La intención del Senado fue institucionalizar a un juez según la manda constitucional, pero no aprobar su mérito profesional, ni su conducta en este expediente, dado que ello era desconocido por aquel honorable cuerpo. Es que, simplemente, no era factible de ser conocido por ese Cuerpo la sustracción de 144 de oro confiadas en guarda a Poderti en su rol de secretario federal, pues a esa fecha ni siquiera había sido detectado tal faltante”.

Además de este proceso disciplinario, Poderti enfrenta un proceso penal en la Justicia Federal de San Martín, donde está procesado por malversación de caudales públicos y tiene un embargo por 190 millones de pesos. Esa causa ya fue elevada a juicio oral y será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín.

Así las cosas, con la resolución adoptada este miércoles, el caso será tratado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, integrado por los jueces Julio Báez y Pablo Larriera, los diputados Manuel Quintar y Agustina Propato, los senadores Rodolfo Suárez y Jesús Rejal y el abogado Antonio Estévez. Será ese organismo el que determine si Poderti continúa en funciones o si corresponde su destitución definitiva.