Pese al amplio rechazo social y ambiental expresado en la audiencia pública, el gobierno municipal otorgó el aval ambiental definitivo para avanzar con un desarrollo inmobiliario privado en el balneario La Reserva, uno de los últimos sectores costeros sin urbanizar del sur de Mar del Plata. La autorización fue emitida por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) a través de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El proyecto habilita la construcción de nueve edificios de departamentos de hasta cuatro niveles, con cocheras y amenities soterrados, sobre un predio de seis hectáreas ubicado a metros de la playa y del arroyo Corrientes. Organizaciones ambientales y urbanísticas vienen advirtiendo que se trata de una nueva avanzada del modelo de privatización de la costa, con fuerte impacto sobre ecosistemas frágiles y el acceso público al mar.

Desde el Colegio de Arquitectos señalaron que el emprendimiento configura, en los hechos, un “barrio privado frente al mar”, incompatible con criterios de planificación costera sustentable. Vecinos y asambleas socioambientales, en tanto, cuestionaron que el proceso de evaluación ambiental haya ignorado objeciones técnicas vinculadas a la dinámica costera, el riesgo hídrico y la presión sobre los servicios públicos.

La resolución 275/2025, firmada por el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, reconoce que el proyecto debió ser modificado para ajustarse a las restricciones del Código de Aguas bonaerense, que prohíbe loteos a menos de 150 metros de la línea de ribera. Sin embargo, para los sectores críticos, esas modificaciones no alteran el fondo del problema: la habilitación de edificaciones permanentes en un área costera altamente sensible.

Durante la audiencia pública —no vinculante— se registraron fuertes expresiones de rechazo ciudadano, que, según denunciaron organizaciones participantes, fueron opacadas por la presencia de empresarios y presiones de sectores sindicales ligados a la construcción. Ninguno de esos cuestionamientos fue incorporado de manera sustantiva en la resolución final.

El avance del proyecto implicará además la tala de unos 80 árboles y consolidará la explotación privada de un sector de playa cuya habilitación original se apoya en una ordenanza vencida desde 2015. El emprendimiento es impulsado por el fideicomiso La Reserva Explanada y empresas vinculadas a Playas del Faro SAI, y fue viabilizado a partir de una modificación normativa aprobada en el Concejo Deliberante en 2022.

Con el aval ambiental ya concedido, las obras podrán extenderse hasta 2034. Para organizaciones sociales, profesionales y vecinales, la decisión municipal sienta un nuevo precedente en favor del negocio inmobiliario por sobre el interés público, profundizando un modelo de ocupación costera que consideran irreversible y excluyente.