La Secretaría de Seguridad municipal informó que entre el 7% y el 10% de las 1.383 cámaras que integran el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se encuentran afectadas a tareas de mantenimiento. La respuesta se conoció a partir de un pedido de informes presentado por Acción Marplatense, que cuestionó además la falta de precisiones sobre la cobertura del sistema y la cantidad de operadores destinados al monitoreo.

El requerimiento opositor buscaba conocer cuántos dispositivos posee el COM, cuántos funcionan actualmente y qué sectores de Mar del Plata están alcanzados por la videovigilancia. También solicitaba información sobre el personal encargado de observar las imágenes en tiempo real y datos vinculados con hechos delictivos registrados, prevenidos o esclarecidos a partir de las cámaras durante los últimos 12 meses.

Desde el Ejecutivo señalaron que el sistema cuenta con 1.383 cámaras y aseguraron que existe cobertura en todos los barrios de la ciudad. Sin embargo, indicaron que, en promedio, entre el 7% y el 10% de los equipos se encuentran en planificación de mantenimiento.

Según explicó la Secretaría de Seguridad, ese porcentaje puede modificarse debido a condiciones climáticas adversas que afecten los dispositivos instalados en la vía pública o por desperfectos relacionados con el suministro eléctrico.

El área también informó que desde 2023 trabaja en el desarrollo de una base de datos digital unificada, destinada a almacenar el material requerido y, al mismo tiempo, mejorar la consulta, trazabilidad y vinculación de los pedidos realizados por las distintas fiscalías.

Cuestionamientos de la oposiciónza

La respuesta oficial fue analizada en la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, donde Acción Marplatense planteó objeciones tanto por el contenido como por los tiempos de la contestación.

El pedido de informes había sido presentado a mediados de marzo de 2024 y la respuesta del Ejecutivo llegó a comienzos de septiembre, aproximadamente dos años y medio después.

La concejala Eva Ayala sostuvo que el planteo de su espacio no estaba limitado a conocer el estado de la infraestructura, sino que buscaba determinar cómo se utiliza el sistema de videovigilancia dentro de una estrategia integral de seguridad.

En ese sentido, cuestionó que no se hayan brindado detalles sobre la distribución de las cámaras ni sobre los sectores que requieren una mayor presencia de monitoreo.

Otro de los puntos señalados fue la falta de información sobre el personal asignado al COM. Según Ayala, el Ejecutivo no respondió cuántas personas están abocadas al seguimiento de las imágenes. La edil mencionó, a modo de referencia, que datos informales ubicarían esa cifra entre siete y nueve operadores para el conjunto de las 1.383 cámaras.

Ayala consideró que esa relación entre dispositivos y personal dificulta el seguimiento efectivo y acusó al Ejecutivo de no brindar la información necesaria para evaluar el funcionamiento del sistema.

Finalmente, tras el tratamiento del expediente y a pedido del oficialismo, el proyecto fue enviado al archivo.