La aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de régimen permanente para el sistema de discapacidad no logró llevar tranquilidad al sector. A través de un duro comunicado, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (AsPREDIs) cuestionó los alcances de la iniciativa que obtuvo media sanción con 237 votos afirmativos y advirtió que, pese a los cambios normativos, la falta de previsibilidad y la demora en los pagos siguen poniendo en riesgo la continuidad de los servicios.

Si bien la Cámara Baja desestimó la prórroga de la Ley de Emergencia reclamada por diversas organizaciones y optó por una ley permanente —que incluye garantías presupuestarias, actualización mensual por inflación del nomenclador, compatibilidad entre pensión y trabajo formal, y plazos para cancelar deudas con prestadores—, desde AsPREDIs expresaron serias dudas sobre su aplicación real. La entidad remarcó que las partidas presupuestadas suelen quedar rezagadas frente a los costos y alertó sobre la falta de convocatorias a los actores que integran el sector.

"Los derechos necesitan presupuesto, previsibilidad y cumplimiento efectivo. Una ley sin presupuesto suficiente y sin ejecución efectiva no garantiza derechos", remarcaron desde la asociación civil. De cara al próximo paso legislativo, confirmaron que seguirán de cerca el debate en el Senado y la discusión del Presupuesto 2027 para exigir pagos en tiempo y forma, participación activa de las instituciones y mecanismos de control reales, bajo una premisa contundente: "Sin prestadores, no hay prestaciones".