En las principales ciudades del mundo se debate sobre la movilidad urbana sostenible. En la Argentina más del 90% de la población vive en zonas urbanas y se buscan soluciones con nuevos modelos de gestión del transporte público. ¿Por qué en Mar del Plata la única variable en la discusión sigue siendo el aumento del precio del boleto de colectivos?

Es evidente que todas las personas necesitamos utilizar medios de transporte para llegar a nuestros lugares de trabajo, a establecimientos educativos, y también para aprovechar los momentos de recreación. Al conjunto de formas de desplazamiento se le llama “movilidad urbana”, y en ella juegan un papel fundamental las políticas destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a trasladarse libremente de un sitio a otro. En los últimos años se incorpora el concepto de “sostenible”, que significa implementar dispositivos respetuosos de la salud y la seguridad de los usuarios, en equilibrio con el uso del espacio público y los parámetros ambientales.

Hace dos años el Ministerio de Transporte de la Nación lanzó el Plan Nacional de Transporte Sostenible, aprobado por la Resolución N°635/2022 “para impulsar la transición y eficiencia energética que disminuya las emisiones”. Y en ese marco, y en paralelo con acuerdos internacionales, subraya que “La movilidad urbana sólo es socialmente sostenible si todos los individuos pueden acceder a las oportunidades que brinda la ciudad, independientemente de sus diferencias sociales, de ingresos, de género y físicas”.

Pero son los gobiernos locales, los municipios, los que pueden resolver a través de estudios técnicos y planificación las situaciones particulares de cada ciudad.

Lejos de lo señalado en los párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de General Pueyrredon decidió en los últimos días dos medidas que impactan en la capacidad de movilizarse en colectivo: el aumento de la tarifa plana a $940, y a $1227,27 y $1491,40 hasta los barrios más alejados del centro de la ciudad. En tanto se decretó la prórroga de la emergencia en el transporte público de pasajeros hasta junio de 2025, lo que significa que no habrá cambios ni mejoras durante -por lo menos- un año más.

En un contexto de quita de subsidios y aumento exponencial de todos los servicios públicos, tasas e impuestos; recesión, desempleo y caída del poder adquisitivo, el gasto diario que deben realizar quienes viajan en transporte ronda los $2000, que serán $10000 en la semana y más de $40000 al mes, lo que para muchos representa casi un cuarto de sus ingresos. Si esto lo multiplicamos por el grupo familiar, es notoria la afectación que sufren no sólo en su derecho a la movilidad sino también en su calidad de vida.

Como corolario, me permito esta cita:“El Derecho a la movilidad refiere a garantizar a las personas acceder a un sistema de movilidad sostenible, que permita la concreción de otros derechos fundamentales como el acceso a la salud, a un trabajo, a una vivienda digna y a la educación. Asimismo actúa como acelerador para alcanzar otros objetivos cruciales como ser la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, la reducción de la desigualdad, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra el cambio climático” (Guía para la Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible en la Argentina 2023).

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.