Al igual que toda crisis que haya atravesado la humanidad, se proyectan al paroxismo todos sus fundamentos de base, sus contenidos morales, sus virtudes, defectos y por sobre todo sus aspectos corruptos se proyectan hasta un punto grotesco, en donde las miserias se exhiben sin pudor alguno.

No hay mejor ejemplo que el trato dado al usuario del Transporte Público, el ciudadano, que delega el patrimonio público, el de todos, en manos de aquellos que se postulan para su administración. El Transporte Público en nuestro distrito, que muy lejos de estar administrado en beneficio del desarrollo de nuestra ciudad y en función de las necesidades de los usuarios, terminó sin funcionar cuando más se lo precisa y a merced de sectores que disputan el servicio, como los perros de la calle que pelean por las bolsas de basura.

Hace 33 años, por unanimidad, el Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza 6979/87 que establece: Crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad de Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.

Esta Ordenanza promulgada por el aquel entonces Intendente Ángel Roig por propuesta del ex intendente Jorge Lombardo, estaba orientada a poner el servicio de Transporte Público como esencial y estratégico para garantizar el desarrollo armónico del distrito, la Sociedad de Estado del Transporte pone como único objetivo el bien común, dar también la posibilidad de abrir el servicio para que todos puedan usar de él, trabajar con él o invertir en él.

Pero el camino recorrido en estos 33 años, en el que la Ordenanza 6979/87 quedó cajoneada y oculta, otorgando a privados el monopolio del servicio, las consecuencias están a la vista.

Nunca se integró el territorio, nunca se puso como prioridad a las personas con discapacidad y vecinos alejados, nunca tuvo como objetivo la necesidad de transporte que acompañe a la economía, al trabajo, a la salud, a la educación y el esparcimiento.

Lejos de las aspiraciones de Don Ángel Roig y Don Jorge Lombardo, los caminos impuestos por sus sucesores dejaron al servicio público en manos de aquellos que tienen como único interés, ganar dinero a como sea, envolviendo al sector en escándalos judiciales y sectores que disputan su control, pero esto es culpa de la conducción política que deliberadamente dejó a merced de negocios funestos, lo que es público.

El Intendente Montenegro tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, de hecho, la Ordenanza 6979/87 está sancionada hace 33 años y tan solo de él depende decidir el camino de decadencia y corrupción o retomar el sendero que Roig y Lombardo habían comenzado con la profunda vocación por el bien general.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.