En medio del conflicto por el Complejo de Chapadmalal, que llevó al pase a disponibilidad de trabajadores en la última semana por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro presentaron un proyecto de ley para transferir de manera gratuita la Unidad Turística a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “mantener el destino de turismo social, educativo, recreativo y cultural del complejo”, expresaron.

La iniciativa propone desafectar del dominio público nacional el complejo ubicado en el partido de General Pueyrredon y ceder a la administración bonaerense los inmuebles, instalaciones, bienes muebles y accesorios que integran el predio. A cambio, la Provincia deberá mantener el uso del lugar para actividades turísticas, educativas, recreativas y culturales.

El proyecto de los dos senadores bonaerenses de Unión por la Patria establece que tendrán acceso prioritario al complejo los jubilados y pensionados, estudiantes, contingentes escolares, organizaciones sociales y comunitarias, además de discapacitados.

En sus fundamentos, Di Tullio y De Pedro destacan que “en la década de 1940 nace la Unidad Turística Chapadmalal en una zona privilegiada de la costa atlántica bonaerense. Su objeto primordial fue permitir el acceso al descanso por parte de miles de trabajadores de todo el país”.

Así, señalan que “en el año 2013, mediante el decreto n° 784/13 el complejo de Chapadmalal fue declarado Monumento Histórico Nacional”.

“Sin embargo”, resaltan, “el Gobierno Nacional intenta ‘privatizar’ y vaciarlo, a través de concesiones al sector privado”.

De este modo, “el presente proyecto de ley tiene como finalidad la protección del acceso al turismo social y la preservación del patrimonio que es de todos los argentinos. También fija la obligación de preservar el valor histórico y patrimonial de la Unidad Turística”.

Para concretar la transferencia, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes con la Provincia de Buenos Aires, que deberá aceptar formalmente la cesión mediante una ley provincial.

La iniciativa incorpora además una cláusula que prohíbe la venta total del predio y cualquier modificación de su destino público, salvo que exista una autorización expresa del Congreso de la Nación. Asimismo, prevé que, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, el dominio revierta automáticamente al Estado nacional.