La implementación del nuevo esquema de cobro de la Tasa de Alumbrado Público volvió a quedar en el centro de la polémica en el Concejo Deliberante, luego de que distintos bloques advirtieran que vecinos e instituciones que contaban con beneficios de exención podrían haber quedado excluidos tras la modificación impulsada por el Ejecutivo municipal.

El planteo fue presentado en la Comisión de Hacienda por el concejal de Unión por la Patria Pablo Obeid, quien reclamó una modificación normativa para que las personas y entidades que actualmente no abonan la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), en el marco del artículo 259 de la Ordenanza Fiscal, mantengan también ese beneficio respecto de la Tasa de Alumbrado.

Obeid cuestionó que el cambio en la modalidad de cobro haya generado una situación desigual para sectores que anteriormente estaban contemplados dentro del régimen de excepciones. “Quienes estaban exentos de pagar la TSU, como algunas instituciones y sectores vulnerables, no fueron incluidos con la nueva modalidad. Pedimos que el Ejecutivo los incorpore porque se trata del mismo derecho para una tasa que ahora está dividida”, sostuvo.

El edil consideró que obligar a estos vecinos a afrontar un pago que antes no tenían representa una injusticia y reclamó una respuesta rápida por parte del gobierno municipal.

Desde el bloque radical, Vilma Baragiola coincidió en la necesidad de resolver la situación y planteó la importancia de conocer si los beneficiarios cuentan con tarifa social y si ese mecanismo contempla las exenciones que existían previamente. “Es un tema urgente para muchas personas”, señaló, y propuso avanzar con el tratamiento del expediente.

Sin embargo, los concejales del PRO decidieron no acompañar el pedido y solicitaron que la iniciativa continúe en comisión hasta contar con más información sobre el criterio aplicado por el Ejecutivo y el área de Legal y Técnica. Fernando Muro sostuvo que, al tratarse de un nuevo sistema de excepción, era necesario conocer cómo se definió su implementación.

La postura generó cuestionamientos de Obeid, quien remarcó que la decisión final corresponde al cuerpo legislativo. “Somos los concejales quienes tenemos que definir estas cuestiones. Los funcionarios no son elegidos por la gente”, afirmó, acompañado por la concejala Mariana Cuesta.

Por su parte, Guido García calificó como razonable el reclamo, aunque consideró necesario determinar cuántos vecinos fueron alcanzados por la modificación y sugirió consultar también a la empresa EDEA para evaluar el impacto del cambio.

En tanto, Melisa Centurión, del bloque Acción Marplatense, apuntó directamente contra la decisión política del Ejecutivo municipal y alertó sobre las consecuencias que podría generar para quienes dejaron de contar con la excepción. “Es urgente porque la Tasa de Alumbrado ya comenzó a cobrarse y hay personas que antes estaban exceptuadas y ahora deben pagar para evitar que les corten el servicio eléctrico”, advirtió.

Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría y el expediente quedó en comisión. Mientras continúa el debate, persiste la preocupación entre vecinos e instituciones que aseguran haber perdido un beneficio vigente y que ahora enfrentan nuevas obligaciones para mantener el suministro eléctrico.