El conflicto por el futuro de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con un resultado adverso para el Municipio de General Pueyrredon. La gestión local resolvió desistir de la medida cautelar que había presentado para impedir que la Provincia avanzara con decisiones vinculadas al complejo.

El retiro del planteo se produjo luego de que el gobierno municipal evaluara que la Justicia se encaminaba a rechazar la cautelar. Antes de quedar expuesto a una resolución desfavorable, el Municipio optó por abandonar esa vía judicial y concentrar la disputa en el expediente de fondo, donde continúa vigente el reclamo para que Punta Mogotes pase a la órbita municipal.

La controversia comenzó hace más de dos años, durante la gestión de Guillermo Montenegro, cuando el Ejecutivo local inició el proceso para reclamar la municipalización del complejo. La cuestión todavía no fue resuelta y permanece bajo análisis judicial.

Mientras tanto, la Provincia avanzó durante los últimos meses con definiciones sobre las concesiones y el funcionamiento futuro del predio. Ante esos movimientos, el Municipio había recurrido a la Justicia con un pedido de no innovar para intentar frenar cualquier modificación hasta que se resolviera la disputa de fondo.

La estrategia, sin embargo, no consiguió el resultado esperado. El expediente derivó en distintas audiencias entre las partes, con la intención de encontrar una salida consensuada al conflicto.

En la última audiencia, el juez concedió 72 horas para que Provincia y Municipio intentaran acercar posiciones. No hubo acuerdo dentro del plazo y la representación provincial pidió que la Justicia tomara una decisión.

Fue en ese contexto que el Municipio decidió retirar la cautelar.

La Provincia recupera margen de maniobra

El desistimiento tiene consecuencias que exceden lo estrictamente judicial. Al quedar sin efecto la herramienta que pretendía limitar las decisiones provinciales, la administración bonaerense recupera margen para avanzar con su propia planificación sobre Punta Mogotes.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las actuales concesiones hasta el 30 de junio de 2027, una medida vinculada con la necesidad de garantizar el funcionamiento del complejo durante la próxima temporada de verano.

También quedan en agenda otras definiciones, entre ellas las obras pendientes y la elaboración de los pliegos para avanzar posteriormente con un nuevo proceso licitatorio.

Así, mientras la pelea por la municipalización continúa en los tribunales, el Municipio pierde una de las principales herramientas con las que había intentado condicionar el avance de la Provincia.

El nuevo escenario representa un golpe para la estrategia judicial impulsada por el gobierno local y deja a la Provincia con mayor margen para definir el rumbo inmediato de Punta Mogotes. Ahora, el Municipio deberá decidir cómo continúa una disputa que, lejos de cerrarse, vuelve a quedar atravesada por una fuerte pulseada política.