El funcionamiento del espacio gastronómico vinculado al emprendimiento de gin Restinga, en el Faro de la Memoria, volvió a quedar bajo cuestionamiento judicial. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado presentó nuevos elementos ante el fuero Contencioso Administrativo.

Con el patrocinio del abogado César Sivo, la entidad planteó objeciones sobre el procedimiento que derivó en la autorización municipal. El expediente se encuentra a cargo del juez Simón Isacch y apunta principalmente a la representación de la Sociedad de Fomento Faro Norte.

Según la presentación, las personas que suscribieron el pedido ante el Municipio no figurarían como autoridades vigentes de la institución.

La Asociación también señaló que la entidad no habría actualizado su documentación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desde 2017. Para los denunciantes, esta situación podría afectar la capacidad de la Sociedad de Fomento para acreditar legalmente su representación.

En consecuencia, sostienen que también debería revisarse la validez del trámite iniciado para obtener el permiso de uso.

Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la Ordenanza 9010, que fija requisitos para las entidades de bien público que realizan gestiones municipales.

La organización considera que el Municipio debía verificar previamente que la documentación institucional estuviera en regla.

En ese marco, puso bajo análisis el denominado control de legalidad realizado por el Ejecutivo local antes de aprobar el expediente.

La presentación también cuestiona el destino que tuvieron las instalaciones del Faro de la Memoria tras la autorización.

Según la Asociación, el proyecto habría derivado principalmente en una actividad gastronómica, por encima de objetivos sociales, culturales, educativos o deportivos.

Con estos nuevos argumentos, la entidad pidió que la Justicia analice nuevamente la legalidad de todo el procedimiento administrativo.

El reclamo apunta finalmente a que se declare la nulidad del acto que habilitó el uso de las instalaciones.