Integrantes de la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (AsPREDIs), junto a familias, usuarios y prestadores del sector, se movilizaron este jueves frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. La manifestación tuvo como objetivo visibilizar la delicada situación que atraviesa el sistema de atención y exigir medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones asistenciales y terapéuticas.

El reclamo local se dio en simultáneo con jornadas de lucha en diversos puntos del país, en el marco de la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Discapacidad en el Congreso Nacional, donde se debatieron los proyectos vinculados al área.

El pedido por la emergencia y la alerta presupuestaria

El foco central de la protesta se concentró en dos demandas clave: la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad —cuyo vencimiento está previsto para diciembre de 2026— y el rechazo a la inclusión de artículos dentro del proyecto de Presupuesto 2027 que, según denuncian, implican ajustes sobre el sector.

En diálogo con Cazador de Noticias, Yésica Machado, presidenta de AsPREDIs, remarcó la trascendencia de la jornada institucional en el Congreso: "Es una jornada fundamental porque nos va a permitir saber si va a existir la continuidad de la Ley de Emergencia o si se va a hacer otra propuesta para terminar con la emergencia y trabajar en la progresión de los derechos, o si se va a seguir vulnerando derechos mediante recortes que afectan directamente a las personas con discapacidad y a sus prestadores".

"La discapacidad nunca puede ser vista como un gasto"

Desde la entidad alertaron que el sistema prestacional se encuentra amenazado por el contexto económico e instaron al Estado a cumplir con los compromisos y convenciones internacionales vigentes.

"Nos manifestamos porque estamos convencidos de que hay una vulneración sistemática de derechos y una violación de los pactos internacionales a los cuales la Argentina adhirió hace mucho tiempo", sostuvo Machado.

Asimismo, la referente de AsPREDIs enfatizó el impacto que generan las medidas de ajuste en la vida cotidiana de los usuarios: "Estas políticas impactan en cada persona con discapacidad, en cada familia y en los prestadores. La discapacidad nunca puede ser una medida de ajuste ni ser vista como un gasto, sino que necesita políticas públicas que permitan el avance en la calidad de vida y no estar hablando de una regresión en materia de derechos".