La discusión en la Comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante dejó fuertes cruces políticos, pero también expuso las diferencias sobre cómo interpretar las estadísticas de femicidios y evaluar las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. En ese contexto, la concejala de Unión por la Patria, Valeria Crespo, salió al cruce de los argumentos del edil del PRO, Julián Bussetti, y cuestionó el uso de cifras que, según planteó, no reflejan la dimensión real de la problemática.
Durante el encuentro, representantes del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán reclamaron mayor presupuesto y recursos para fortalecer las políticas de prevención y asistencia. Frente a esos planteos, Bussetti defendió la gestión municipal y aseguró que no hubo recortes en el área, al destacar las partidas destinadas a seguridad y capacitación.
Sin embargo, el debate tomó mayor tensión cuando el concejal intentó respaldar su postura con estadísticas que indicaban una supuesta reducción de los femicidios: mencionó 250 casos en 2023, 228 en 2024 y 200 en 2025.
La respuesta de Crespo fue contundente. La concejala señaló que, de acuerdo con los relevamientos de observatorios de la sociedad civil, al 31 de octubre de 2026 se contabilizaban 242 femicidios en Argentina. De esta manera, puso en discusión la lectura que Bussetti hizo de los números y advirtió sobre la importancia de utilizar estadísticas confiables para dimensionar la violencia de género.
Además, Crespo cuestionó el contexto político nacional y alertó sobre las intenciones de eliminar la figura legal del femicidio. En ese sentido, sostuvo que desconocer o modificar las herramientas que permiten identificar estos crímenes puede contribuir a invisibilizar una problemática que requiere políticas específicas y respuestas estatales.
Bussetti, por su parte, intentó trasladar la discusión al pasado parlamentario y apuntó contra Fernanda Raverta por su voto en 2016 sobre una reforma de la Ley de Ejecución Penal vinculada con las condiciones de cumplimiento de condenas por delitos sexuales. Su intervención generó interrupciones y cuestionamientos entre las representantes de las organizaciones presentes.
Pero más allá de las diferencias partidarias, el planteo de Crespo volvió a ubicar el debate en una cuestión fundamental: los femicidios no pueden reducirse a una discusión de números ni utilizarse como argumento para defender una gestión sin considerar los criterios de registro y la realidad que atraviesan las víctimas.
También intervino Vilma Baragiola, de la Unión Cívica Radical, quien recordó la declaración de emergencia de género impulsada en 2016 durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, en la gestión de Carlos Arroyo.
La concejala puso el acento en las ayudas económicas que reciben las mujeres en situación de violencia y estimó que actualmente se entregan entre 138 y 160 becas. Sin embargo, reconoció que los montos resultan insuficientes, ya que representan el 65% de una jubilación mínima, y reclamó avanzar en una actualización.
La reunión dejó en evidencia que, mientras desde el oficialismo se buscó defender las políticas implementadas y cuestionar posicionamientos políticos anteriores, las intervenciones de Crespo y de las organizaciones sociales insistieron en la necesidad de abordar la violencia de género con datos precisos, presupuesto suficiente y políticas de asistencia efectivas.
El dato de los 242 femicidios expuesto por Crespo volvió a poner en perspectiva la urgencia del problema. Una discusión que, más allá de las diferencias políticas, exige menos controversias sobre interpretaciones estadísticas y mayores compromisos concretos para prevenir la violencia y proteger a las mujeres.











