¿Dónde termina la burocracia estatal y dónde empieza la complicidad penal? El reciente siniestro vial protagonizado por un colectivo de transporte público que atropelló a un grupo de personas en la parada de la costa donde está el skatepark, y que dejó una víctima fatal y varios heridos de gravedad, no puede ser catalogado como un simple accidente, ni como una fatalidad del destino. Cuando la unidad que causa la tragedia es un vehículo obsoleto que circulaba gracias a una prórroga excepcional firmada de puño y letra por el intendente Agustín Neme, el hecho se transforma de inmediato en un acontecimiento político y judicial.

La firma de un funcionario público en un documento oficial no es un trámite administrativo desprovisto de consecuencias; es el acto soberano mediante el cual el Estado garantiza que una actividad es segura para la ciudadanía. Prorrogar el permiso de circulación de un transporte que no cumple con los estándares establecidos, sin la debida y rigurosa inspección técnica, implica la asunción consciente de un riesgo. En la gestión pública, omitir el control es una forma de acción. Por eso, ante una tragedia previsible y, por ende, evitable, la respuesta oficial no puede ser el deslindamiento de responsabilidades hacia los eslabones más débiles de la cadena de mandos.

Esto se suma a otras tristes acontecimientos con personas en situación de calle, con un recuperador en el predio de disposición final de residuos, y con recurrentes “accidentes de tránsito” en distintas calles de Mar del Plata y Batán.

La historia institucional argentina ha dejado una doctrina clara y dolorosa respecto a la responsabilidad de los gobernantes: la premisa de que "no podían no saber lo que pasaba" bajo sus órbitas de control. Cuando las estructuras estatales fallan de manera sistémica y el resultado son vidas truncadas, la justificación del desconocimiento se desmorona por su propio peso.

El antecedente de la Tragedia de Cromañón en 2004 sentó un precedente insoslayable en el plano de la responsabilidad política. En aquel entonces, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires determinó la destitución del Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, no porque él hubiera encendido las bengalas, sino por el “mal desempeño” en su deber de control del espacio público. La cabeza del Ejecutivo es responsable del funcionamiento global del Estado que conduce.

Años más tarde, la Tragedia de Once en 2012 llevó este principio al terreno de la justicia penal. Las condenas de prisión efectiva que alcanzaron a exsecretarios de Transporte e incluso a un exministro de la Nación no se fundaron en una autoría material del choque ferroviario, sino en la acreditación judicial de que los funcionarios contaban con las alertas del deterioro del sistema. El tribunal determinó que la negligencia en la administración de los recursos y el otorgamiento de concesiones sin control real constituyen delitos penales cuando derivan en estrágos.

Salvando las distancias de escala, el mecanismo causal en el plano local es idéntico. Un municipio tiene la obligación primaria de velar por la seguridad vial y el estado de los servicios públicos que concesiona. Argumentar que un intendente desconoce el estado real de la flota que autoriza a circular mediante excepciones es, en el mejor de los casos, admitir una preocupante desidia en la gestión; en el peor, es una confesión de negligencia.

Gobernar no se reduce al acto de cortar cintas o anunciar obras; gobernar es, fundamentalmente, administrar el riesgo y proteger la vida de los administrados. Cuando un funcionario estampa su firma en una prórroga, se vuelve garante de lo que ese vehículo haga en la vía pública. La Justicia local tiene ahora la oportunidad histórica de demostrar que las firmas en los escritorios oficiales tienen un costo, y que la doctrina del “no podía no saber” es aplicable tanto en los grandes despachos nacionales como en los sillones municipales.

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