Mientras las miradas de Mar del Plata se desvían de a ratos hacia la pantalla por la definición de la Copa del Mundo 2026, en el plano político local se juega un partido igual de intenso. El Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue el escenario de una fuerte pulseada en torno al polémico expediente 1154/26, que busca rezonificar el predio de la Avenida Jorge Newbery al 5000 para habilitar el megacomplejo comercial y de servicios Plaza Rumencó.

La Comisión de Obras y Planeamiento, conducida por Fernando Muro (PRO), debatió el proyecto por primera vez en meses de parálisis. Aunque los desarrolladores intentaron apurar el trámite con promesas de inversión local, el expediente terminó chocando contra la falta de papeles y sus propias irregularidades previas.

Durante la jornada, los impulsores de la obra —el arquitecto Miguel Fernández y el escribano Sebastián Latorre— defendieron el desarrollo bajo la bandera de la "centralidad del sur". Su argumento principal apunta a la necesidad de llevar infraestructura de servicios a una de las zonas residenciales que más creció en los últimos años.

Según detallaron, Plaza Rumencó ocupará cuatro de las siete hectáreas del predio: un esquema donde el 50% del suelo permanecerá libre de cemento para conservar la forestación de la zona;un centro de servicios de salud con consultorios y guardia de urgencias las 24 horas; un supermercado, comercios de cercanía y un gimnasio de alta complejidad; y un estacionamiento proyectado para 750 vehículos (con 320 cocheras subterráneas) para evitar el colapso vial de la avenida.

A pesar del atractivo económico que los desarrolladores presentaron en el recinto, los concejales no tardaron en poner el foco en la floja situación legal y ambiental de la obra.

El freno judicial: Construir primero, pedir permiso después

El primer llamado de atención de la jornada no vino de la oposición, sino del propio oficialismo. La concejal radical Vilma Baragiola interpeló al titular de la comisión sobre las denuncias que pesan sobre el predio.

La respuesta de Muro dejó en evidencia la compleja paradoja del proyecto: sobre el terreno pesa una medida cautelar vigente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2. La Justicia ordenó frenar por completo las máquinas debido a que la empresa inició desmontes y movimientos de suelo sin contar con el permiso municipal básico ni con la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Intentar legislar indicadores urbanísticos a remolque de hechos consumados abre un precedente muy peligroso para el control del crecimiento de nuestra ciudad", se escuchó en los pasillos del Concejo tras la sesión.

Fisuras oficialistas y el peso de los papeles faltantes

La estocada final que sepultó la posibilidad de un trámite rápido provino del concejal Marcelo Cardoso (PRO). En una postura de extrema prudencia técnica que descolocó a sus propios aliados políticos, Cardoso desmenuzó la larga lista de informes esenciales que hoy brillan por su ausencia en el expediente: falta el estudio de impacto vehicular del EMVIAL para el acceso a la ya de por sí congestionada Avenida Jorge Newbery; resta la factibilidad de conexión de Camuzzi Gas Pampeana; y falta el dictamen definitivo del EMSUR sobre la evaluación de impacto ambiental, además de estudios geológicos e hidráulicos.

Cardoso fue tajante al señalar que, para un emprendimiento de esta magnitud, se necesita asegurar la previsibilidad jurídica y técnica. Sin estos avales, el proyecto no puede avanzar.

Con los cambios de titularidad de la tierra bajo la lupa judicial (el predio pasó de la firma Molas y Asociados a las sociedades Treelands S.A. y MPSG 5 Newbery S.A.), el expediente de Plaza Rumencó volverá al cajón de la comisión para un análisis mucho más riguroso, dejando en claro que en Mar del Plata el desarrollo inmobiliario no podrá pasar por encima de las normas ambientales.