Durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que se debatió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) denunció la participación de una consultora de origen británico en la promoción y gestión del régimen de "ciudadanía por inversión".

La exdirectora de Migraciones cruzó duramente a los representantes del oficialismo y cuestionó a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, por habilitar la intervención de capitales extranjeros en el otorgamiento de pasaportes nacionales.

La legisladora santafesina advirtió sobre la contradicción del Poder Ejecutivo al impulsar normativas de soberanía mientras promueve la venta del pasaporte argentino a través de firmas privadas internacionales. Según lo expuesto en el debate, la iniciativa se instrumentó mediante el DNU 366/25, el cual modificó la histórica Ley de Ciudadanía N° 346 para crear un esquema acelerado de naturalización a cambio de desembolsos económicos directos o compra de activos financieros.

El esquema financiero y los señalamientos al estudio Henley & Partners

El programa impulsado por el Gobierno nacional fija dos vías de acceso para capitales extranjeros: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la adquisición de títulos públicos soberanos por un monto mínimo de USD 800.000. Además, el régimen contempla extensiones del beneficio para el grupo familiar primario (cónyuges e hijos) mediante tarifas adicionales que oscilan entre los USD 25.000 y USD 100.000, permitiendo que un núcleo familiar completo obtenga la nacionalidad con un desembolso estimado en torno a los USD 500.000.

Carignano apoyó sus críticas en un informe de DiarioAR que reveló la participación de Henley & Partners, una consultora global especializada en residencia y ciudadanía por inversión con sede central en Londres. La diputada apuntó al historial de la firma en la intermediación de los denominados "pasaportes dorados" en distintas jurisdicciones del mundo:

Involucramiento en casos controversiales: La consultora fue señalada por haber gestionado trámites de ciudadanía para un ciudadano iraní arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos, un oligarca ruso investigado por maniobras financieras ilícitas y un empresario del sector petrolero de Nigeria en condición de prófugo de la justicia.

Fallos de la Unión Europea: Se recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló definitivamente el programa de venta de ciudadanía de Malta —cuyo valor ascendía a unos 640.000 dólares— debido a la opacidad de los controles sobre el origen de los fondos y los perfiles de los beneficiarios.

Riesgo en la adquisición de tierras: La oposición advirtió que al obtener la ciudadanía mediante esta vía, los inversores quedan habilitados a comprar extensiones ilimitadas de tierras rurales, salteando las restricciones operativas que contemplaba la Ley de Tierras.

El contrapunto por la vía legal y las competencias del Congreso

Desde el bloque de Unión por la Patria, junto a la diputada Paula Penacca, se presentó un proyecto de ley con el objetivo expreso de derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que crearon el régimen y clausurar la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Los legisladores opositores sostienen que la fijación de las condiciones para la naturalización de extranjeros es una competencia exclusiva del Congreso Nacional otorgada por la Constitución y que no puede ser modificada mediante decretos.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Economía indicaron que la Agencia evaluará cada solicitud en articulación con organismos de inteligencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad antes de la expedición de los documentos. Pese a estos argumentos, el debate en el plenario comisionado continuará en las próximas semanas cruzado por duros cuestionamientos vinculados a la seguridad nacional, el control del lavado de activos y la preservación del patrimonio territorial.