A una década del crimen de Lucía Pérez, sus padres volvieron a movilizarse este jueves frente a los Tribunales de Mar del Plata para renovar el pedido de justicia y reclamar que el caso sea reconocido judicialmente como un femicidio.

Guillermo Pérez y Marta Montero encabezaron la convocatoria, que se realizó bajo la lluvia y contó con la presencia de familiares, allegados y representantes de organizaciones que acompañan a la familia desde el inicio del reclamo.

“Es obvio que fue un narcofemicidio”, sostuvo Guillermo Pérez al referirse a la calificación que, según la familia, debería tener el crimen y a las condenas dictadas durante el proceso judicial.

Marta Montero, por su parte, volvió a cuestionar la situación de los acusados y sostuvo que la respuesta de la Justicia no reflejó, desde la perspectiva de la familia, la gravedad de lo ocurrido con Lucía, quien tenía 16 años cuando murió el 8 de octubre de 2016.

“Ellos la mataron a Lucía, esto es un femicidio, debe ser condenado por femicidio y es lo que apelamos, por eso estamos en la Corte”, afirmó la madre durante la movilización.

Diez años de reclamos y una causa que continúa

El caso de Lucía Pérez generó una fuerte conmoción en Mar del Plata y tuvo repercusión nacional. Con el paso de los años, la causa atravesó distintas instancias judiciales, revisiones y modificaciones en las condenas.

Para sus padres, sin embargo, todavía permanece pendiente el reconocimiento del crimen como femicidio. Ese planteo continúa siendo uno de los principales ejes del reclamo que sostienen ante las instancias superiores.

Durante la movilización, Guillermo Pérez cuestionó además el tratamiento judicial del caso y reclamó una respuesta que, según sostuvo, contemple la dimensión que la familia atribuye a los hechos.

“Vemos que los beneficios son para los narcos y necesitamos un tribunal con una condena como corresponde”, manifestó.

Y agregó: “Estamos en una etapa de injusticia que esperemos que sea justicia, porque hoy hace 10 años que Lucía no está”.

El reclamo contra Offidani

Durante la jornada, Marta Montero también hizo referencia al pedido para que Juan Pablo Offidani sea declarado persona no grata en el partido de General Pueyrredon, una iniciativa que fue presentada ante el Concejo Deliberante.

“No queremos un narco al lado de nuestras casas, no queremos a un narco conviviendo con nosotros, hay que expulsarlos”, expresó la madre de Lucía.

En ese contexto, también cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la comercialización de drogas sobre las familias y volvió a reclamar mayores respuestas frente al avance del narcomenudeo.

“Ellos se llenan los bolsillos y hacen lo que quieren con nuestra vida, tienen todo el poder que nosotros no tenemos”, afirmó.

“¿Dónde estaba el Estado?”

La familia desarrolló durante toda la semana distintas actividades para recordar a Lucía al cumplirse diez años de su muerte y mantener vigente el reclamo judicial.

Marta Montero sostuvo que el objetivo continúa siendo obtener una respuesta de la Justicia después de una década de movilizaciones y presentaciones judiciales.

“A Lucía la captan en el colegio, el lugar más sagrado: ¿dónde estaba el Estado? Hoy es triplemente peor que hace diez años”, manifestó.

En el expediente, Matías Farías fue condenado por abuso sexual agravado y comercialización de estupefacientes, mientras que Juan Pablo Offidani recibió una condena vinculada con los hechos de abuso y comercialización de drogas. Por su parte, Alejandro Maciel, quien había sido acusado en el inicio de la investigación, falleció años atrás.

Más allá de esas resoluciones, la familia sostiene que el punto central que permanece abierto es la calificación del crimen como femicidio y continúa llevando ese planteo ante la Justicia.

A diez años de la muerte de Lucía, sus padres volvieron a ocupar el espacio público para reclamar una respuesta judicial que consideran pendiente. La movilización frente a Tribunales volvió a poner en el centro de la escena un caso que marcó a Mar del Plata y que, para la familia, todavía no tuvo el cierre judicial que reclama desde 2016.