El presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Emiliano Recalt, cuestionó el uso ilegal de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses y reclamó que el Gobierno provincial adhiera al protocolo nacional para detectar y bloquear estos dispositivos.

A través de sus redes sociales, el titular del cuerpo legislativo sostuvo que “las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito” y advirtió sobre la utilización de teléfonos desde establecimientos penitenciarios para cometer estafas y extorsiones.

En ese sentido, hizo referencia a una investigación de la Fiscalía de Mar del Plata que permitió descubrir una organización delictiva que operaba desde tres cárceles bonaerenses, dos de ellas ubicadas en Batán. Según los datos mencionados por Recalt, se contabilizaron 10.441 llamadas realizadas desde establecimientos penitenciarios, en las que los delincuentes se hacían pasar por policías o familiares de las víctimas para concretar engaños.

El concejal de La Libertad Avanza recordó además que, hace un mes, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de su espacio político para solicitarle al gobernador bonaerense la adhesión al protocolo nacional de detección y bloqueo de celulares en las unidades penitenciarias.

“Que una llamada desde la cárcel no termine en una nueva víctima”, expresó Recalt al insistir en la necesidad de avanzar con medidas para impedir que los internos utilicen dispositivos móviles para cometer delitos desde prisión.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante planteó la necesidad de una respuesta conjunta frente a esta problemática y cuestionó la continuidad de estas prácticas ilegales: “Terminar con la inseguridad es tarea de todos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta práctica ilegal?”.